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El abogado constitucionalista y analista político, William Bascopé, lamentó que el ministro de Justicia, Iván Lima, haya pasado de ser un hombre de ley, como se mostraba antes de ser funcionario, a funcional a las violaciones de derechos humanos, emitiendo criterios desmesurados.

Bascopé criticó el drástico cambio de Lima, como ministro del gobierno de Luis Arce Catacora, y le pidió seriedad al tratarse de un alto mandatario de Estado.

“Yo debo lamentar que nuestro ministro de Justicia, otrora en su momento analista y simpatizante amigo del MAS, que en su momento se mostraba como un hombre de ley, un hombre que decía hablar de la objetividad y de la transparencia, que se debía pelear por la justicia, ahora sea un instrumento funcional a favor de las violaciones de derechos humanos y las garantías de cualquier ciudadano”, señaló Bascopé a Panamericana.

Indicó que lamentablemente el poder cambia a las personas o “tienen que vender la dignidad a tan bajo precio por un cargo estatal que uno ya se admira hasta dónde puede llegar la falta de autoestima de un ciudadano por acceder a un cargo, eso no es consecuente con lo que a veces uno profesa”.

El ministro de Justicia validó las intervenciones en la detención de la expresidenta Jeanine Ánez y sus dos ministros -en el denominado caso golpe de Estado- calificada de irregular y vulneradora de derechos humanos por parte de instituciones nacionales y organismos internacionales, que advirtieron el uso de la justicia para vendetta política. Lima aseguró que en los casos citados se respetó el debido proceso.

El abogado Eusebio Vera refirió que el Gobierno incumple el debido proceso al violar los derechos y garantías constitucionales, no solo de los acusados del supuesto caso golpe de Estado sino también de sus familiares cercanos. A través del Ministerio de Gobierno, de Justicia y la Policía se incurre en torturas, persecuciones y hasta detenciones ilegales, de acuerdo con el análisis de Vera. 

El abogado y político Juan del Granado lamentó que en cinco meses del gobierno de Luis Arce, éste haya virado a posiciones y prácticas similares al del gobierno de Evo Morales, con la instrumentalización de la justicia y persecución política. También lamentó que el ministro de Justicia “haya retrocedido visiblemente en ese su afán inicial de iniciar la reforma judicial que es una demanda centenaria del país y la democracia”.

Bascopé remarcó que Lima al ser un alto mandatario de Estado debía ser más serio y dar por lo menos criterios más mesurados, y criticó que ahora pretenda “desacreditar lo que vaya a sacar está comisión de la verdad (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) que el gobierno ha traído al país”.

“Ellos mismos lo han traído (al GIEI), ellos lo han invitado, ellos han dicho que venga, entonces bajo ese razonamiento ojalá tenga más responsabilidad (el ministro) al estar emitiendo criterios y no estar descalificando”, apuntó.

El martes, Lima manifestó que no se acatará el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso de que sea “arbitrario” y no se adecúe a la normativa boliviana, bajo la que se investiga los hechos de violencia ocurridos en la etapa poselectoral de 2019.

El ministro subrayó que podría darse “contradicciones” entre la conclusión del informe del GIEI y del Ministerio Público, y de resultar así primará “la soberanía del país” aunque la credibilidad de ambas instituciones podría verse dañada.

Si el gobierno invita, agregó Bascopé, tiene que asumir las determinaciones de las organizaciones internacionales que vienen a petición del gobierno, “lo contrario es no respetar seriamente y hacerse la burla de un sistema interamericano al cual nosotros pertenecemos y debemos responder como Estado”.

En ese sentido indicó que lo que el ministro Lima diga “es preocupante porque nos quita seriedad como Estado, y más aún ahora que la comunidad internacional está reprochando la forma sañosa y tan llena de irregularidades procesales con la detención de la exmandataria Jeanine Anez y sus exministros, así como la citación de otras autoridades o ciudadanos que son de oposición”.