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El ministro de Hidrocarburos Franklin Molina descartó fallas a la normativa vigente en el pago de la compensación ambiental de 1.6 millones de dólares a las seis federaciones del Trópico de Cochabamba a consecuencia por la construcción del Gasoducto Carrasco-Cochabamba entre 2007 y 2009.

Dijo que el acuerdo arribado por la empresa Transredes se produjo antes de la nacionalización de los hidrocarburos, cuando esa empresa era una transnacional encargada de la construcción y realizó un proceso de consulta y participación.

Explicó que hubo un proceso de negociación que fue cerrado en un acta para validar y definir cuánto iba ser el monto de compensación a las distintas comunidades que se vieron afectadas por la construcción del gasoducto.

Indicó que en ese tiempo era algo que ya fue establecido normativamente, pero hoy las condiciones son distintas y las compensaciones se ejecutan de otra manera.

Cuestionó a algunos asambleístas de la oposición, entre ellos la senadora Centa Rek, por desconocer la normativa pese a su condición de años de legisladora.

Molina sostuvo que en el pago no existe favoritismos sino obligaciones del país, por tanto, no hay fallas a la norma sino todo lo contrario.

La autoridad indicó que en el caso de las seis federaciones había una previsión que en su momento se hizo para cumplir esa obligación ya programada.