Video

En una nueva muestra de autoritarismo y represión, el gobierno de Luis Arce ha vuelto a violar los derechos fundamentales del pueblo boliviano. Esta vez, el blanco de su persecución política fue el dirigente político Franco García, conocido defensor de los intereses populares y afín al ala Evista, quien fue aprehendido arbitrariamente por efectivos de la Policía Boliviana en medio de las movilizaciones que sacuden Cochabamba.

La detención se llevó a cabo en la plazuela Busch, en inmediaciones de la Federación de Cocaleros, en un operativo policial desproporcionado, donde incluso se utilizó gas lacrimógeno para capturar al dirigente. Según informes extraoficiales, García es acusado de un presunto robo agravado de un celular que pertenecería a un agente de inteligencia de la policía, en lo que ha sido denunciado como un nuevo caso armado para silenciar a la dirigencia crítica al gobierno.

“No nos sorprende la detención arbitraria e ilegal del dirigente Franco García”, declaró el abogado Nelson Cox, exviceministro y defensor de derechos humanos, quien denunció que este operativo tiene claros tintes políticos y forma parte de una estrategia sistemática para criminalizar la protesta social.

Desde el interior de las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde permanece detenido, Franco García envió un mensaje contundente al pueblo boliviano:

“Compañeros, la lucha continúa. No hay suficientes cárceles para detenernos. Hay que continuar y el miedo no nos puede ganar. Lucho Arce, desde donde estoy te digo: ‘Renuncia, delincuente cobarde’. Pueblo boliviano: ¡mucha fuerza y mucha vehemencia!”.

Diversas organizaciones sociales del área urbana han expresado su respaldo al dirigente, denunciando que su detención representa un intento más del régimen de Arce por desarticular la creciente ola de movilizaciones que exige su renuncia y la habilitación democrática del expresidente Evo Morales.

El gobierno de Luis Arce ha optado por la violencia, la persecución judicial y la militarización de las calles para sostenerse en el poder, recurriendo a métodos represivos que rememoran las peores épocas del autoritarismo en Bolivia. La comunidad nacional e internacional debe estar alerta ante estos atropellos a los derechos humanos y exigir la liberación inmediata de Franco García, así como el respeto al derecho a la protesta pacífica consagrado en la Constitución Política del Estado.