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La memoria no se borra con discursos populistas. Eduardo del Castillo, exministro de Gobierno de la gestión de Luis Arce y actual candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), reaparece con un proyecto de ley que propone el “diferimiento excepcional de créditos” hasta el 31 de diciembre de 2025. La propuesta, presentada junto a su compañero de fórmula Milán Berna, busca seducir al electorado en plena crisis económica y a pocas semanas de las elecciones generales.

Lo que Del Castillo no dice en su reciente video difundido por redes sociales es que su historial en el gobierno está marcado por la represión violenta de la protesta social, el uso excesivo de la fuerza pública y la criminalización de la disidencia. Durante su gestión como ministro de Gobierno, Bolivia fue testigo de represiones brutales, donde la Policía actuó impunemente bajo sus órdenes, dejando un saldo de heridos, detenidos injustamente e incluso denuncias de ejecuciones extrajudiciales.

Resulta cínico que quien ordenó la represión del pueblo movilizado, ahora se presente como defensor de las familias endeudadas. La misma población que antes fue criminalizada por reclamar sus derechos, hoy es utilizada como bandera política para ganar votos con promesas económicas que carecen de sustento técnico y legal.

La propuesta de diferimiento de créditos, que plantea suspender el pago de capital e intereses sin afectar el historial crediticio ni aplicar multas, carece de claridad sobre su financiamiento y sus impactos reales sobre el sistema financiero nacional. En lugar de una solución estructural, parece más una jugada electoral desesperada que ignora las consecuencias a mediano plazo para la estabilidad económica del país.

El pueblo boliviano merece candidatos comprometidos con la verdad, los derechos humanos y la justicia, no reciclajes políticos que pretenden lavar su imagen con discursos populistas. Eduardo del Castillo aún debe rendir cuentas por su rol en la represión estatal, y su ambición presidencial no puede borrar el daño causado.

¡La impunidad no puede ser plataforma política!