Grave denuncia contra el gobierno de Luis Arce por represión violenta y uso de armas de fuego contra manifestantes
"Funcionario estatal habría disparado contra manifestantes en Llallagua, en un nuevo episodio de represión bajo el gobierno de Luis Arce."
Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han levantado la voz ante un nuevo y alarmante episodio de represión estatal, esta vez en la localidad de Llallagua, donde ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta pacífica fueron brutalmente reprimidos. Según múltiples testimonios, el ciudadano Fernando Terrazas, funcionario del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) y dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de Siglo XX, habría disparado un arma de fuego contra los manifestantes, poniendo en grave riesgo la vida de personas que simplemente exigían ser escuchadas.
La presencia de un funcionario público armado y actuando con violencia en el marco de una movilización social no solo es inaceptable, sino que constituye una flagrante violación de los derechos humanos. Este hecho no puede entenderse como un incidente aislado, sino como parte de un patrón creciente de criminalización y represión de la protesta social bajo el gobierno de Luis Arce.
El uso desmedido de la fuerza, la permisividad con la que operan actores armados vinculados al aparato estatal, y la falta de garantías para la libre expresión, evidencian un deterioro alarmante de la democracia y del Estado de derecho en Bolivia. Más preocupante aún es que el hecho haya sido perpetrado por un representante del propio gobierno, lo que plantea serias dudas sobre el rol de las instituciones públicas en la protección —o vulneración— de los derechos fundamentales.
Exigimos una investigación inmediata, transparente e independiente, así como sanciones ejemplares contra los responsables materiales e intelectuales de este ataque. Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos para que pongan su mirada sobre Bolivia y exijan al gobierno de Arce que cese la represión y garantice el respeto pleno a las libertades democráticas.
La protesta no es un delito. Es un derecho. Y cuando un gobierno responde con violencia, lo que está en crisis no es solo la institucionalidad, sino el alma misma de la democracia.
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