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La cuarta Cumbre Multipartidaria se llevará a cabo este miércoles 12 de junio, a partir de las 14:00, en las instalaciones de la Fexpocruz. Francisco Vargas, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó que se ha invitado a los 10 binomios habilitados para las elecciones nacionales, así como al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca, en un gesto que refuerza la centralización del poder político en torno al Ejecutivo.

Aunque el evento convoca a representantes del Órgano Ejecutivo, Legislativo, Judicial y la Fiscalía General del Estado, sorprende la exclusión de actores fundamentales como la Defensoría del Pueblo o instituciones ciudadanas independientes, debilitando la legitimidad de un proceso que debería velar por el pluralismo y la transparencia.

“Esperamos que sea un diálogo abierto, sincero, honesto. En este caso, sentar las bases para un gran diálogo nacional”, señaló Vargas. Sin embargo, el carácter de este encuentro, más que abrir el debate, parece blindar un consenso institucional entre poderes del Estado alineados con el oficialismo. El hecho de que no se hayan incluido garantes sociales ni organismos de control independientes pone en entredicho su carácter deliberativo y plural.

El TSE también ha decidido no invitar a policías ni militares, decisión que Vargas justificó aludiendo a la prohibición constitucional de que estas entidades deliberen. No obstante, la paradoja es evidente: mientras se excluye a cuerpos uniformados por razones legales, también se margina a instituciones ciudadanas y defensoras de derechos sin justificación aparente.

Por primera vez, el evento reunirá a todos los candidatos presidenciales oficialmente inscritos. “Buscamos que exista un compromiso firme, sincero, con propuestas serias y no demagógicas”, dijo el vocal, en un discurso que pone más énfasis en el tono moralizador hacia los opositores que en las condiciones materiales y democráticas del proceso electoral.

Uno de los puntos clave será la evaluación del escaso cumplimiento de acuerdos anteriores, como la aprobación de leyes y la asignación de recursos. Hasta ahora, sólo se ha promulgado la ley del TREP (Transmisión Rápida de Resultados Preliminares), que redirige fondos originalmente destinados al fortalecimiento de partidos hacia infraestructura tecnológica. Aunque el TSE lo presenta como un avance, este desvío de recursos también puede ser interpretado como una medida de emergencia para cubrir deficiencias de gestión financiera.

Sobre la elección de Santa Cruz como sede, Vargas explicó que Fexpocruz ofreció las condiciones logísticas necesarias y se mencionó la conflictividad en La Paz como factor de peso. Esta justificación, sin embargo, puede interpretarse como una maniobra para evitar escenarios adversos al oficialismo, más que una decisión neutral.

Dificultades financieras y falta de voluntad política

El TSE advirtió que, a menos de 70 días de las elecciones del 17 de agosto, las dificultades financieras y legislativas siguen siendo serias amenazas para la transparencia del proceso. Aunque Vargas declaró que “el presupuesto ya está en nuestras cuentas”, también admitió que la subida de precios y la negativa de proveedores a emitir cotizaciones estables han dificultado la organización del proceso electoral.

Especial preocupación genera el voto en el exterior, donde los retrasos en el pago de salarios —recién abonados en abril— y la escasez de divisas comprometen el derecho al sufragio de miles de ciudadanos. La falta de previsión y de compromiso real con este segmento del electorado es sintomática de una gestión improvisada y poco inclusiva.

La cumbre también buscará comprometer a los candidatos con la transparencia, incluida la revisión técnica del padrón electoral y las pruebas del sistema de transmisión de resultados. No obstante, sin la presencia de actores imparciales ni observadores independientes, ese compromiso podría quedar en una formalidad sin garantías reales.

“El país necesita propuestas serias”, concluyó Vargas. Pero lo que realmente demanda la ciudadanía es una institucionalidad que no responda a intereses coyunturales ni excluya voces críticas bajo el pretexto del orden y la eficiencia.