Video

En una declaración contundente y sin eufemismos, el Dr. Nelson Cox, exviceministro de Régimen Interior y Policía, arremetió contra el gobierno de Luis Arce Catacora, a quien acusa de implementar una estrategia sistemática de represión violenta, militarización inconstitucional y vulneración masiva de los derechos humanos. “Cuando un gobierno saca militares a las carreteras y a las calles, es planificación de la muerte”, afirmó.

Cox fue enfático al señalar que la población civil jamás puede ser sindicada como responsable de violar derechos humanos. “Eso no existe ni en la teoría política ni en los instrumentos jurídicos internacionales. Decir que los bloqueos atentan contra los derechos humanos es una afirmación ignorante. El único violador de derechos humanos es el Estado”, sostuvo.

En relación con los recientes operativos en Llallagua, el exviceministro denunció una “movilización represiva y genocida”, dirigida específicamente contra comunidades indígenas identificadas previamente por su pertenencia étnica y política. En sus palabras, “no es casual” la presencia del gobierno en zonas de conflicto, ni el uso de armamento letal contra sectores movilizados.

El exfuncionario también condenó la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de control interno, lo cual, subraya, está prohibido por la Constitución Política del Estado desde 2009. “No hay ley especial que autorice la intervención militar. Gobernar por decreto, como lo hace Arce, es propio de dictaduras. Es el permiso para matar”, denunció.

Cox acusa al Ejecutivo de sembrar odio y confrontación fratricida entre bolivianos. “Un gobierno no puede exacerbar los ánimos para inducir corrientes de odio. Pero eso es exactamente lo que está haciendo este régimen autoritario, que ha naturalizado la presencia de tanquetas y represión armada en las calles”, lamentó.

Criticó también la pasividad del Defensor del Pueblo, a quien exige actuar con firmeza y no convocar al diálogo entre partes “como si se tratara de un conflicto simétrico”. Para Cox, la obligación del defensor es clara: “debe reclamar al gobierno que desmilitarice y cese la represión”.

El exviceministro asocia la escalada represiva con un intento de consolidación del poder mediante la exclusión política de líderes como Evo Morales. “Duele a los pueblos indígenas que se pretenda proscribir al único líder con legitimidad. Todo esto ocurre para mantener un poder corrupto, insensible y desconectado del sufrimiento del pueblo”, expresó.

Finalmente, advirtió que la historia volverá a juzgar a los responsables, así como sucedió en casos como Sacaba y Senkata. “Si siguen cumpliendo órdenes ilegales, también rendirán cuentas ante la justicia. Aunque pausada, la justicia llega”, sentenció.