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La supuesta independencia de poderes vuelve a ponerse en duda tras la participación del Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, en la sala plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Con un discurso revestido de institucionalidad, Mariaca anunció el "trabajo ininterrumpido" del Ministerio Público durante las elecciones generales de agosto de 2025, promesa que encubre una peligrosa normalización de la intromisión política en los órganos de control.

El Fiscal General aseguró que la Fiscalía “emitirá el instructivo correspondiente” para desplegar operativos a nivel nacional, con el fin de atender hechos delictivos “antes, durante y después” de los comicios. Lo que no dijo Mariaca es que estas acciones se desarrollan en un contexto de sumisión creciente del Ministerio Público al gobierno central, que busca blindarse jurídicamente frente a cualquier impugnación ciudadana o disidencia política.

Peor aún, sectores críticos advierten que esta coordinación interinstitucional con el TSE se enmarca en un guion diseñado tanto por el Ejecutivo de Luis Arce como por los intereses del Comité Cívico de Santa Cruz, quienes —desde trincheras opuestas— coinciden en preservar una democracia formal que no tolera cuestionamientos reales ni apertura a alternativas.

Lejos de fortalecer el “Estado de Derecho Democrático”, como declaró Mariaca, estas maniobras refuerzan una estructura electoral profundamente instrumentalizada, donde las instituciones judiciales y electorales no actúan como árbitros imparciales, sino como ejecutores de mandatos políticos. La fiscalización ciudadana y la vigilancia independiente serán más necesarias que nunca.