Solo el Gobierno pincha teléfonos: o nos mienten en la cara, o se están destruyendo entre ellos
La defensa de Siles insiste en la manipulación del audio, pero el caso revela un dilema mayor: solo el Estado tiene los medios para interceptar comunicaciones. ¿Se trata de un montaje o de un ajuste de cuentas dentro del poder?
“No pueden pinchar teléfonos y armar conversaciones”: Defensa de Siles insiste en la “manipulación” del audio
El exministro de Justicia, César Siles, pasó la noche en celdas policiales en calidad de aprehendido por el escándalo de presunta manipulación judicial. Su defensa legal insistió en que el audio que lo involucra fue “distorsionado” y obtenido de forma ilegal. Sin embargo, el caso plantea una pregunta inquietante: ¿quién, si no el propio Gobierno, cuenta con la tecnología para interceptar teléfonos y montar operaciones de inteligencia?
“Queremos saber bajo qué soporte se ha grabado, cuál es el objetivo, por qué se ha distorsionado y si eso está dentro de la cadena de custodia. Lo demás está en reserva y el doctor Siles va a aclarar, él va a aclarar muchas cosas”, dijo Franklin Gutiérrez, abogado del exministro.
Al momento de ingresar a dependencias policiales, Gutiérrez agregó que existen “innumerables autos supremos que establecen que estos audios no son pruebas válidas ni permiten sostener una imputación formal sobre la declaración de otro imputado”.
“Queremos que se sepa la verdad, pero primero hay que cumplir con la legalidad. Si ese audio ha sido legalmente obtenido… Hay exigencias que cada tipo penal requiere. Entonces, no hay ese soporte, no hay esa prueba legal. No nos pueden pinchar teléfonos y luego armar conversaciones”, sostuvo el jurista.
Siles fue aprehendido el jueves, tras la difusión de un audio de una supuesta conversación con el juez Fernando Marcelo Lea Plaza, donde se habría planificado la destitución de la magistrada Fanny Coaquira, para que su suplente Iván Campero asumiera el cargo.
Gutiérrez cuestionó que “la investigación tiene anomalías” y denunció que no saben “ni siquiera si el soporte está en el cuaderno de investigación”, cuando “la prueba ha sido inconstitucional e ilegalmente manipulada y obtenida”.
Frente a un sistema judicial con credibilidad en ruinas, la ciudadanía se pregunta: o nos toman por ingenuos, o este Gobierno ha decidido autoinmolarse en su propia guerra interna.
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