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El Senado sancionó el proyecto de ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo que fortalece a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) con el acceso a información y faculta a la Aduana a “imponer sanciones” a quienes no declaren o lo hagan parcialmente sobre el dinero que llevan.

Se aplazó el debate el 14 de julio y fue retomado ayer hasta la aprobación de esta estrategia que responde, se explicó, a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Según el plan, se establece fortalecer la UIF con iniciativas como “acuerdos interinstitucionales entre la UIF y entidades públicas y privadas que generen y mantienen información de utilidad para la UIF y/o emitir normativa para la accesibilidad directa, irrestricta y continua a información relevante para la problemática LGI/FT”.

Justamente este aspecto fue cuestionado por la oposición, porque entiende que abrirá la puerta a que la UIF acceda a información confidencial y afecte el derecho a la privacidad de las personas.

Otro aspecto novedoso es la facultad que asigna a la Aduana de “imponer sanciones” a quienes “no presenten la declaración jurada correspondiente a la Aduna Nacional o cuando en dicha declaración no se hubiera consignado el monto o éste sea imprecisa en relación al transportado o cuando no se cumpliera con la autorización debida”.

La multa será del 30% “entre el monto total de dinero y/o de valor nominal del instrumento negociable transportado y el declarado o autorizado según corresponda, sin perjuicio de la acción legal pertinente”.