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Las fuerzas de oposición y el evismo han cuestionado la decisión de una sala constitucional sobre la suspensión de las interpelaciones a los ministros de Estado y denunciaron un supuesto pacto con el Órgano Judicial, protección y anunciaron una impugnación.

El diputado Walthy Eguez de Creemos denunció que las interpelaciones a ministros fueron suspendidas por una disposición de la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de La Paz. La medida tiene vigencia hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional emita su fallo sobre un recurso de amparo presentado por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

Al menos siete interpelaciones a tres ministros estaban previstas para agosto y septiembre. La decisión judicial argumenta un vacío jurídico en la Ley 1350, que regula los efectos de la censura de ministros en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Interpelaciones, peticiones de informes, solicitudes, minutas de comunicación que hemos pedido el 2022, las están reprogramando para el 2024. O sea, ¿cuál es el lugar de la Asamblea Legislativa? Luis Arce ha degradado el lugar del Parlamento Boliviano”, denunció la diputada de opositora Comunidad Ciudadana (CC) Alejandra Camargo.

“Es una prueba de la falta de voluntad política y que al MAS no le interesa el pueblo boliviano y sus necesidades, solamente quiere el poder absoluto y el control total del Estado”, reclamó la legisladora.

Por su lado, el diputado del ala evista del MAS Renán Cabezas anunció una impugnación a la decisión de la justicia.

“Están coartando el derecho a los representantes del pueblo a hacer su trabajo, a fiscalizar, a transparentar el trabajo que se realiza cada uno de los ministros”,

En su criterio, “al parecer, el Órgano Ejecutivo y el Judicial han hecho un pacto. Están dispuestos a vulnerar derechos fundamentales. El pueblo tiene derecho a saber la verdad, tiene derecho a saber qué es lo que hace cada uno de los ministros.

En criterio de Cabezas, “al parecer, ambos órganos han hecho un acuerdo para cubrir, para encubrir hechos de narcotráfico y hechos de corrupción”.

La Ley 1350 establece que “la presidenta o el presidente del Estado no podrá designar como ministra o ministro a la ciudadana o ciudadano que hubiera sido censurada o censurado por la Asamblea Legislativa en los tres años posteriores a su destitución”.

Pese a disposición, el presidente Luis Arce restituyó en su cargo al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en junio de este año luego de que fuera censurado por el Legislativo con respaldo del ala evista y los legisladores de oposición.

Dentro del calendario de interpelaciones para agosto y septiembre, los ministros de Medio Ambiente, Gobierno e Hidrocarburos tiene programada su asistencia a la Asamblea para responder a las preguntas sobre diversos temas.