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El diputado de Creemos, Edwin Bazán, entregó al Ministerio de Justicia una lista de 135 policías, con nombres y apellidos, que supuestamente tienen vínculos con el tráfico de drogas. Bazán demanda una investigación transparente para determinar la veracidad de estas acusaciones y tomar medidas apropiadas en caso de confirmarse las conexiones ilícitas.

"Son 135 nombres de policías que están destinados en todo el país, en diversos lugares y con de diferentes rangos, desde mayores, capitanes, sargentos hasta coroneles. También hay policías retirados jubilados y hay policías en servicios", detalló.

Según Bazán, la información proviene de policías molestos con cómo la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) estaría vinculada con actividades ilegales. El diputado cuestiona la eficacia de las políticas gubernamentales de lucha contra el narcotráfico y destaca la falta de confianza de los efectivos en el alto mando policial.

"He venido para entregarle al ministro de Justicia, Iván Lima, una información que me fue entregada, de forma anónima, y que proviene de policías que están molestos por como la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) está siendo usada para darle cobertura y protección a los narcotraficantes", señaló ante los medios de prensa en La Paz

Los "patriotas", como Bazán se refiere a estos policías, entregaron la lista debido a la desconfianza en los altos mandos de la Policía Boliviana y el mando político del Ministerio de Gobierno. El documento incluye nombres de agentes de distintos rangos y ubicaciones en el país, incluyendo retirados y en servicio.

Bazán también plantea la posibilidad de que estos agentes hayan protegido a Sebastián Enrique Marset Cabrera, el hombre más buscado del país. Solicita una investigación profunda sobre los vínculos de estos policías con el narcotráfico y sus posibles actividades delictivas.

En medio de estas acusaciones, Bazán critica la gestión del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y del comandante de la Policía, Álvaro Álvarez. Sostiene que Bolivia enfrenta desafíos en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, y urge al Gobierno a tomar medidas contundentes y transparentes para abordar estos problemas.