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La Fiscalía, en juicio oral contra los exministros de Gobierno, Arturo Carlos Murillo Prijic; de Defensa, Luis Fernando López y de Comunicación, Roxana Lizárraga Vera, pedirá 30 años de cárcel por el delito de tráfico de armas e incumplimiento de deberes en la internación ilícita al país de agentes químicos en calidad de préstamo desde la República del Ecuador, durante la crisis de noviembre de 2019.

Los tres acusados fueron declarados en rebeldía, todos conformaron el gabinete ministerial de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, quien fue condenada a 10 de prisión dentro del denominado caso golpe de Estado II.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, en el juicio oral solicitará la pena máxima de 30 años de prisión, sin derecho a indulto contra las tres exautoridades.

“Como Ministerio Público, se ha emitido la acusación formal dentro del caso Gases Ecuador, y durante la investigación se colectaron 115 pruebas documentales y 48 testificales, como el acta de préstamo de los agentes químicos de Ecuador, donde figura un militar y un policía boliviano, los planes de vuelo, de aterrizaje y despegue del avión Hércules C-130, donde viajaron a Ecuador policías y militares de Bolivia, además de la solicitud de devolución de los agentes químicos de la República del Ecuador, entre otros que serán presentados ante el juez durante el juicio”, dijo.

Internación

El fiscal anticorrupción Bladimir Bolívar informó que dentro de la acusación se llegó a determinar la participación de militares y policías en la internación ilícita de agentes químicos al país (granadas, gases y proyectiles de largo y corto alcance), en calidad de préstamo de la República del Ecuador, durante la crisis social de noviembre de 2019.

De acuerdo a la investigación, el hecho se registró el 15 de noviembre de 2019, cuando se habría desarrollado una reunión de los exministros acusados en Palacio de Gobierno junto al excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y el excomandante General de la Policía Boliviana, Yuri Calderón, y otras autoridades.

En la reunión se tocaron varios temas y, entre ellos, la falta de material antidisturbios para enfrentar la situación de crisis en el país. Según las declaraciones testificales, la solicitud la hicieron los exministros de Defensa y de Gobierno a iniciativa de la exministra de Comunicación.