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Un grupo de legisladores afines al presidente Luis Arce ha propuesto una enmienda a la Ley 906 que permitiría reducir el cultivo legal de coca en la región de Chapare y el trópico de Cochabamba en Bolivia. Esta iniciativa ha ganado fuerza en medio de intensas operaciones antidroga realizadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en la zona. La Ley 906, en vigencia desde 2017, aumentó la cantidad de hectáreas de coca permitidas de 12,000 a 22,000 con el fin de controlar mejor su producción y satisfacer la demanda interna.

El diputado Freddy Velásquez, representante de la facción 'arcista' del Movimiento al Socialismo (MAS), explicó que la propuesta busca destinar la hoja de coca principalmente al consumo tradicional y evitar su desvío hacia fines ilícitos, sin estigmatizar la región de Chapare. Según Velásquez, la producción de coca en Yungas de La Paz es altamente controlada, mientras que en el trópico de Cochabamba, más del 95% de la coca no pasa por ningún control y se presume su destino ilegal.

Esta propuesta plantea un debate importante en Bolivia sobre la regulación y el control del cultivo de coca en medio de las preocupaciones por el narcotráfico y la demanda internacional de drogas. Los informes anuales de la Unión Europea y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) han señalado discrepancias en la cantidad de coca cultivada y comercializada en Bolivia, lo que añade complejidad a la discusión sobre la producción de coca legal en el país.

La iniciativa legislativa se produce después de una serie de operativos antidroga en la región de Chapare y el trópico de Cochabamba, en los cuales se han descubierto fábricas de pasta base de cocaína y laboratorios de refinación. El Gobierno boliviano, por su parte, defiende estas acciones como parte de la lucha contra el narcotráfico y ha enfatizado la necesidad de perseguir delitos en lugar de individuos.