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El Gobierno, a través del Decreto Supremo 5083, dispuso que la Procuraduría General del Estado cumpla con los pagos establecidos en las sentencias que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra Bolivia.

"El presente Decreto Supremo tiene por objeto dar cumplimiento a los pagos establecidos en sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Plurinacional de Bolivia", señala el artículo 1 de la norma publicada en la Gaceta oficial.

El documento tiene cuatro artículos, fue aprobado en reunión de gabinete el 13 de diciembre por el presidente Luis Arce, y casi todos los ministros, excepto la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

El artículo 2 del decreto señala que la Procuraduría se encargará de efectuar los pagos como representante jurídico del país, los ministros de estado quedan delegados de la ejecución y cumplimiento de la norma.

Al respecto, el abogado especialista en derechos humanos Franco Albarracín calificó de positiva la aprobación de esta norma que permite el cumplimiento parcial de los fallos de la Corte IDH, que es la indemnización a las víctimas.