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Elva Terceros y Ángela Sánchez son las dos magistradas del Tribunal Agroambiental que decidieron irse por cumplimiento de mandato Constitucional de seis años. Recién oficializaron, pero desde el 3 de enero ya no estaban ejerciendo labores jurisdiccionales ni administrativas.

La magistrada Terceros informó que estuvo desempeñando funciones hasta el 2 de enero, después dejó de cumplir labores jurisdiccionales y administrativas.

Su colega Ángela Sánchez también dio un paso al costado por cumplimiento de mandato constitucional, así lo hizo conocer en su nota de renuncia recientemente conocida.

Sánchez considera que la Declaración Constitucional 0049/2023 de ampliación de mandato tiene como finalidad garantizar el funcionamiento del servicio judicial en los altos tribunales judiciales, y asi evitar la vulneración de derechos fundamentales y el debido proceso.

Pero también manifiesta que "la Asamblea Legislativa tiene la obligación de dar seguridad al funcionamiento de un Órgano del Estado que se ve amenazado en sus funciones propias por falta de autoridades electas para la transición correspondiente".

Más temprano, mediante una carta dirigida a la Sala Plena del Tribunal Agroambiental y en medio de la crisis judicial que se atraviesa en el país por la cuestionada prórroga de mandato de los magistrados, la presidenta de la Sala Segunda de dicha instancia judicial, Angela Sánchez Panozo, puso “en conocimiento su conclusión de funciones”.

“Me dirijo a ustedes con un saludo afectuoso y sincero para poner en su conocimiento que mi persona ya no ejerce funciones de magistrada del Tribunal Agroambiental por conclusión de funciones”, señala Sánchez en su misiva, que fue escrita el 15 de enero y fue recibida este martes por la Presidencia del Tribunal Agroambiental.

Así las cosas, el Tribunal Agroambiental se quedará con tres de sus cinco magistrados.

El total, el Órgano Judicial suman tres renuncias y una en el Tribunal Constitucional.

El jueves pasado se conoció del alejamiento al cargo del magistrado Esteban Miranda Terán del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de presentar su renuncia ante las críticas y amenazas de juicio de responsabilidades y proceso penal por el delito de usurpación de funciones

El fallo del 12 de diciembre de 2023 del TCP dispuso “la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades”. Además, manda a la Asamblea Legislativa a aprobar lo más pronto posible una nueva ley de convocatoria y la preselección de candidatos a las elecciones judiciales.

La decisión del TCP se debe al retraso de las elecciones judiciales, que en principio estaban programadas en 2023, pero se retrasaron porque el TCP declaró inconstitucionales varias leyes aprobadas en el Legislativo.