Video

“Nosotros no pedimos quedarnos prorrogados, no pedimos ninguna continuidad”, señaló este viernes el magistrado cruceño Olvis Egüez, que es parte de la sala del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), denunciando así que la entidad responsable de esta situación es la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), por no haber encaminado las elecciones judiciales.

Las elecciones se vienen dilatando desde hace casi 10 meses y en lo que va del presente año no hay miras a encauzar este proceso, por lo que el magistrado señaló que su responsabilidad es cumplir lo que dice la Constitución Política del Estado sobre las sentencia del Tribunal Constitucional.

“La única y exclusiva responsabilidad de esta situación la tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional. Son ellos quienes debieron, en su oportunidad, promover, dialogar, debatir, aprobar, sancionar y promulgar una ley y sus respectivos reglamentos para que se hayan llevado las elecciones judiciales”, señaló el magistrado.

Egüez señaló que el fallo que avala la prórroga es el único instrumento legal en el que se pueden apoyar los magistrados en la actualidad, pero también existe la amenaza de un juicio de responsabilidades de la propia ALP ante la extensión de los mandatos que constitucionalmente feneció a finales de diciembre de 2023.

“En el tema personal yo quisiera entregar (el mandato), pero a las autoridades que constitucional y normativamente sean elegidas, porque de lo contrario también el abandonar las funciones nos genera responsabilidades”, apuntó.

Ante este escenario, los magistrados pidieron a través del presidente del TSJ, Marco Ernesto Jaimes, que la Asamblea Legislativa se siente de una vez por todas a tratar y aprobar una ley que dé lugar a los comicios judiciales.

“Nosotros en el momento que nos digan ‘ahora ustedes se van, están los nuevos electos’, entregamos (los trabajos) al día, con cero mora procesal y como el pueblo se merece”, concluyó el magistrado cruceño.

Hasta la fecha se dieron varias renuncias por parte de tribunos del Órgano Judicial, siendo las más recientes las magistradas Ángela Sánchez y Elva Terceros, del Tribunal Agroambiental, quienes alegaron que conclusión de funciones y falta de garantías para ejercer la magistratura.