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En un giro previsible pero polémico, el Gobierno anunció este miércoles la rehabilitación de la exportación de carne bovina, tras alcanzar un acuerdo con el sector ganadero. El argumento oficial: un supuesto superávit de 55 mil toneladas y el compromiso de incrementar la oferta interna. Sin embargo, la medida levanta serias interrogantes sobre la coherencia de la política alimentaria y productiva del Estado.

La suspensión inicial, decretada el 5 de febrero con el fin de “abastecer el mercado interno y reducir precios”, no logró su cometido. Lejos de estabilizarse, los precios de la carne continuaron al alza. Ahora, el Ejecutivo vuelve sobre sus pasos, sin ofrecer explicaciones claras sobre las causas del fracaso previo ni garantías efectivas de que la nueva estrategia beneficiará al consumidor boliviano.

Aunque el ministro de Desarrollo Rural, Yamil Flores, asegura que “el mercado interno está cubierto”, la falta de estudios técnicos publicados y la experiencia reciente invitan al escepticismo. ¿Cómo confiar en un control estatal que no logró contener la especulación ni frenar el contrabando durante los meses de restricción?

El acuerdo incluye medidas como controles cruzados en la cadena productiva y vigilancia del contrabando, pero con entidades públicas que han demostrado limitadas capacidades operativas frente al poder de intermediarios y redes ilegales. Además, se promete un “seguimiento y evaluación” de los acuerdos, sin establecer plazos ni mecanismos públicos de rendición de cuentas.

Mientras tanto, el anuncio de un cupo exportable superior a 44 mil toneladas prioriza las divisas antes que el bienestar del consumidor. El acceso a la carne, un alimento fundamental en la dieta boliviana, queda nuevamente a merced del mercado internacional y de una política agropecuaria que parece responder más a la presión empresarial que a las necesidades sociales.

Con este paso, el Gobierno busca reactivar un sector exportador que genera alrededor de 100 millones de dólares, pero lo hace sin resolver los problemas estructurales que afectan al mercado interno: especulación, falta de control, y una producción cada vez más orientada al exterior. Una estrategia que, en lugar de fortalecer la soberanía alimentaria, podría debilitarla aún más.