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El gobierno encabezado por Luis Arce, a través de sus autoridades, ha intensificado su ofensiva política contra el expresidente Evo Morales, a quien busca desacreditar y excluir del escenario electoral con argumentos cada vez más insostenibles. Esta vez, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, responsabilizó directamente a Morales de los bloqueos en al menos 40 puntos del país, a pesar de que las movilizaciones responden a una creciente crisis económica y al descontento social que el propio gobierno ha ignorado.

Los sectores movilizados, muchos de ellos históricamente ligados al Movimiento Al Socialismo (MAS), han salido a las calles exigiendo soluciones reales a la situación económica y la renuncia del presidente Arce. Sin embargo, el gobierno opta por deslegitimar la protesta ciudadana, atribuyéndola exclusivamente a una supuesta ambición personal de Evo Morales por retornar al poder.

La narrativa oficial insiste en que Morales promueve una “candidatura inconstitucional”, obviando el hecho de que su inhabilitación como candidato fue, en sí misma, una maniobra inconstitucional que violó sus derechos políticos y generó amplio rechazo dentro y fuera del país. Organismos internacionales ya habían alertado sobre el carácter antidemocrático de excluirlo del proceso electoral sin el debido proceso legal.

Mientras tanto, el gobierno se contradice al afirmar que Morales “no tiene apoyo del pueblo”, pero al mismo tiempo lo acusa de ser capaz de paralizar medio país. La movilización actual, lejos de ser una “convulsión innecesaria”, como la califica la viceministra Alcón, es una expresión del hartazgo frente a un gobierno que ha perdido legitimidad entre sus propias bases.

Acusar sin pruebas a un expresidente y líder histórico de la izquierda boliviana de “generar violencia” es una estrategia burda para encubrir la incapacidad gubernamental de atender las demandas populares. Los intentos por despolitizar el conflicto y reducirlo a una simple disputa interna solo confirman que el gobierno teme a la democracia y a una eventual competencia electoral transparente.

En lugar de criminalizar la protesta social y estigmatizar a sus líderes, el gobierno de Arce debería responder a las demandas legítimas del pueblo boliviano y cesar en su intento de imponer una agenda política personal a costa de la unidad nacional.