Columna Sur, maneja la seguridad interna del Estado desde el viceministerio de Régimen Interior
Ven que Del Castillo alejó a Cox para seguir en su cargo
La destitución del viceministro de Régimen Interior y Policía Nelson Cox generó cuestionamientos contra el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por asumir esa decisión solo para mantenerse en su cargo, por eso diferentes organizaciones sociales del Movimiento Al Socialismo (MAS) exigieron su renuncia. Según información a la que tuvo acceso Página Siete, el ministro destituyó anteriormente a otros dos viceministros con el fin de copar esos cargos con miembros de su grupo Columna Sur en esa cartera de Estado.
Según fuentes oficiales en el Ministerio de Gobierno, se “armaron mentiras para destituir a (los viceministros) Gonzalo Lazcano y Emilio Rodas y se coronó con Nelson Cox”, a fin de desprestigiar a este último dentro de las filas del MAS.
Cox fue destituido el martes, vía WhatsApp, por Del Castillo debido a la contratación del abogado Augusto Villarroel, quien, en mayo de 2021, durante un allanamiento, se identificó como abogado de la familia del exministro Arturo Murillo. Sin embargo, se conoció que esa contratación presuntamente se hizo tras la verificación y autorización del propio ministro.
Es el tercer cambio que hizo Del Castillo en los viceministerios del Ministerio de Gobierno. El primero en ser removido del puesto fue Gonzalo Lazcano, quien fue sustituido por Roberto Ríos, militante de Columna Sur y de la célula Jichis, en el cargo de viceministro de Seguridad Ciudadana.
De ese mismo grupo es el cuestionado director de Régimen Interior, Marco Antonio Cuentas, identificado como parte de los “civiles infiltrados” que lanzaron dinamitas en los conflictos de Adepcoca, en septiembre de 2021. Esta persona, si bien dependía del Viceministerio de Régimen Interior y Policía en la que estuvo Cox, coordinaba de manera directa con el ministro de Gobierno porque era su “hombre de confianza”, según información a la que accedió Página Siete.
Posteriormente, Emilio Rodas fue reemplazado por Nelson Cox. Rodas señaló en ese momento que la medida fue por la falta de coordinación con el ministro de Gobierno y reveló que desde el despacho del ministro salió el proyecto de Ley de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana, sin que fuese consensuado.
Ante este panorama, algunas organizaciones sociales respaldaron a Cox y reiteraron su pedido de que se aleje del cargo a Del Castillo.
La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) salió en defensa del ahora exviceministro y acusó al ministro de Gobierno de buscar esa destitución, a través de militantes de Columna Sur que iniciaron una campaña contra Cox con el objetivo de responsabilizarlo por dicha contratación, justo después de que esa organización social censuró al ministro en una reunión pasada con el presidente Luis Arce.
“Si se ha destituido al señor Cox, consiguientemente implica la destitución del señor ministro, porque él sabía perfectamente a qué personal o a qué servidor público estaba contratando”, señaló el ejecutivo de la Csutcb, Omar Ramírez.
Si bien reprochó la contratación del abogado vinculado a Murillo, pero responsabilizó a Del Castillo por la suscripción de ese contrato. Pidió el alejamiento del ministro porque considera que tuvo una gestión pésima.
En un ampliado, las organizaciones sociales de la zona Sur de Cochabamba también resolvieron su total respaldo a Nelson Cox y sugirieron que sea él quien ocupe el cargo de ministro de Gobierno.
“Sugerimos la destitución de Eduardo del Castillo, porque ya basta, es suficiente que estemos con intereses personales, no estemos avanzando en los procesos, porque el pueblo solo pide justicia nada más”, señaló Franco García, uno de los dirigentes de esas organizaciones sociales.
Estos sectores sociales sospechan que detrás de la destitución están pequeños grupos que tienen la intención de dividir y manipular al interior del partido político a fin de conseguir sus intereses personales.
Consideran que Nelson Cox estuvo en la lucha contra el gobierno transitorio de Jeanine Añez y exigió justicia para los fallecidos en los hechos violentos de noviembre de 2019.
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